Conflicto salarial: judiciales aceptaron negociar y dieron plazo de nueve días al Gobierno
Tras semanas de reclamos salariales recurrentes que colocaron una fuerte presión sobre la administración del gobernador Martín Llaryora, los trabajadores judiciales de la provincia de Córdoba resolvieron en asamblea aceptar la convocatoria para sentarse a la mesa de negociación.
Sin embargo, lejos de representar una tregua definitiva, la decisión sindical llegó condicionada por un ultimátum temporal y una advertencia de huelga directa en caso de que las autoridades provinciales no modifiquen la pauta de haberes para el sector.
El escenario de discusión expuso una marcada fragmentación en las bases: un sector de peso dentro de la representatividad de los trabajadores se oponía firmemente a convalidar la instancia de negociación, exigiendo la profundización inmediata de las medidas de fuerza gremiales.
No obstante, y en virtud de la ingeniería de acuerdos internos necesaria para destrabar el conflicto, prevaleció la postura de abrir los canales formales de diálogo con el Ejecutivo.
La resolución adoptada por los judiciales introduce dos componentes de fuerte presión sobre el despacho del ministro de Justicia provincial.
En primer término, los trabajadores le impusieron a la mesa de negociación un plazo de resolución considerado “muy exiguo”: la instancia de conversación técnica tendrá un margen de apenas 9 días hábiles para brindar una propuesta superadora.
En segundo lugar, como resguardo operativo ante la falta de avances significativos, la asamblea fijó la realización de un paro total de actividades por 72 horas para los días 1, 2 y 3 de julio próximos.
La concreción de dicha medida de fuerza permanece actualmente en suspenso, sujeta de forma directa a los resultados materiales que arroje la mesa de diálogo durante las próximas jornadas.
Colegio de Abogados
El impacto de las asambleas y las guardias mínimas en los tribunales cordobeses repercute de forma directa en el ejercicio profesional diario de los abogados independientes y en el acceso a la tutela judicial de los ciudadanos.
En diálogo exclusivo con Comercio y Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, evaluó positivamente la necesidad de encontrar canales institucionales expeditivos para desactivar la crisis.
“Los reclamos son justos y deben existir los canales de diálogo para encontrar rápidamente respuestas, sabiendo que existen muchas dificultades, y que requiere de un gran entendimiento por parte de todos, especialmente en momentos de crisis económica como este”, declaró.
Además, Bittar remarcó el interés del sector auxiliar de la justicia en lograr una regularización inmediata de las actividades tribunalicias en toda la provincia.
“Es importante avanzar para que nuestros matriculados puedan trabajar y la sociedad cuente con el servicio de justicia a pleno”, puntualizó el abogado, trazando un diagnóstico de las demoras que sufren las causas y las tramitaciones en los casilleros de los juzgados locales a raíz de las medidas gremiales.
Asimismo, respecto a la inusual participación pública de jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial en las marchas y protestas callejeras registradas en las inmediaciones del Palacio de Justicia en las últimas semanas.
“No me corresponde efectuar una apreciación particular sobre las decisiones de ningún sector. Creo sí que, como actores del servicio de Justicia, todos tenemos que tener la mejor voluntad para encontrar caminos para hacer frente a la difícil situación por la que atravesamos todo” expresó.
“Evidentemente los magistrados y funcionarios han entendido que la forma de visibilizar su reclamo es la que han elegido”, concluyó, haciendo alusión a la vigencia del proceso de conciliación obligatoria que actualmente tutela la Secretaría de Trabajo de la provincia como último dique de contención antes de la activación del paro de julio.
Despiece informativo
El esquema de plazos y medidas de fuerza dispuesto por la asamblea general de los trabajadores judiciales contempla los siguientes ejes de ejecución:
Margen para negociar: El gremio otorgó un plazo técnico de 9 días hábiles a las autoridades del Ejecutivo para presentar una oferta salarial concreta en la mesa de diálogo.
Huelga en suspenso: Se aprobó fijar un paro general de actividades por 72 horas programado para los días 1, 2 y 3 de julio de 2026.
Efecto supeditado: La concreción de la medida de fuerza de julio quedará desactivada únicamente si la mesa paritaria alcanza un acuerdo avalado por las bases antes del vencimiento del plazo.
Incumplimiento legal: El reclamo de los judiciales se fundamenta en la necesidad de ajuste de las partidas correspondientes a la Ley de Equiparación.
Vía: Comercio y Justicia
