El Gobierno actualizó los aranceles 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad

El Gobierno actualizó los aranceles 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad

El Gobierno nacional oficializó una actualización de los aranceles correspondientes a las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad, una medida largamente reclamada por instituciones, transportistas y profesionales que brindan estos servicios.

La medida establece una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de junio. El incremento fue calculado en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo y alcanza a todas las prestaciones contempladas en el sistema.

La decisión contempla incrementos en los valores que perciben los prestadores del sistema y apunta a reducir el desfasaje generado por el aumento de costos registrado en los últimos meses. Desde el sector venían advirtiendo sobre las dificultades para sostener la atención debido al atraso arancelario y al impacto de la inflación sobre sus estructuras operativas.

La actualización alcanza a distintas prestaciones contempladas en el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, entre ellas servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, hogares y centros de día.

La medida fue oficializada a través de una resolución publicada por el Gobierno nacional y forma parte de una serie de acciones orientadas a garantizar la continuidad de las prestaciones y mejorar las condiciones de funcionamiento de los prestadores.

Si bien entidades vinculadas a la discapacidad valoraron el anuncio, también señalaron que será necesario monitorear la evolución de los costos para evitar nuevos atrasos que puedan afectar la calidad y la continuidad de los servicios.

El sector sostiene que la actualización representa un paso importante para atender una problemática que venía generando preocupación tanto en las instituciones como en las familias que dependen de estas prestaciones para garantizar la atención integral de personas con discapacidad.